Explosiones de Río Tercero, El 9/11 tercermundista...

El 3 de noviembre de 1995 se producen en la Fábrica Militar de Río Tercero una serie de potentes explosiones que ocasionan un desastre.
7 personas muertas y más de trescientas heridas; decenas de casas quedan en ruinas y otros cientos son seriamente dañadas; la ciudad queda regada de esquirlas y municiones de guerra.
A pocas horas del siniestro, el presidente Menem que había llegado a Río Tercero, declara que se trata de un accidente e insta al periodismo a no hablar de atentado.
Las sospechas del hecho intencional aparecen ese mismo día. Los mandos militares y el Poder Ejecutivo Nacional se encargan de alimentar la teoría del accidente, Carlos Menem es presidente y Oscar Camilión, ministro de Defensa.


A partir de allí se inició la causa penal y numerosas causas civiles. Al frente de la causa penal, estuvo aproximadamente diez años el juez federal Luis Martinez y el fiscal federal Roberto Massuet. Durante este tiempo la causa se mantuvo circunscripta al accidente e inactiva.
A la par se sucedían amenazas, muertes dudosas y “suicidios” de testigos involucrados. También hubo una serie de pericias fraudulentas, con peritos presuntamente deshonestos que avalaron la hipótesis del accidente.
A fines de los 90 empezó a crecer la sospecha de una estrecha relación entre las explosiones y la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995 (en marzo de 1995 es cuando aparece la primera denuncia sobre el contrabando armas)
En estos años, Argentina le vendió a Croacia y Bosnia 6.500 toneladas de armas, por un valor de US$ 33.868.764. Con el agravante de que sobre este país pesaba un embargo de las Naciones Unidas, al estar en guerra con Serbia. Se realizaron 5 envíos en barcos originarios de Croacia.
La venta fue realizada por la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). Este organismo fue intervenido por el gobierno del ex presidente Carlos Menem y su interventor era Luis Sarlenga. El intermediario fue el militar Diego Palleros, quien obtuvo un certificado falso que consignaba que el destino final de las armas era Panamá.
Esta operación se concretó a través de los decretos secretos 1697 y 2283, firmados por el ex presidente Menem; el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González; de Relaciones Exterior, Guido Di Tella; y de Economía, Domingo Cavallo.




En 1995, la Argentina le vendió armas a Ecuador cuando éste país estaba en guerra con Perú. En ese entonces, nuestro país, era garante de paz entre ambos países por ser miembro del Grupo del Tratado de Río de Janeiro. La operación se hizo a través del decreto secreto 103, firmado por el ex presidente Menem. Para ello, Palleros consiguió un certificado falso de destino final a Venezuela. DGFM le vendió fusiles a la empresa fantasma uruguaya Hayton Trade SA, propiedad de Palleros, quien a su vez se los vende a otra intermediaria ecuatoriana (Prodefensa, perteneciente a un traficante francés), que las trianguló al ejército ecuatoriano. Los embarques se hicieron en aviones de la firma Fine Air.
Los cargamentos de armas salieron de la Fábrica Militar de Río Tercero, parte de DGFM.
En el 2003 los ingenieros Sicilia, Yorio, Zanoni y Rodríguez, docentes de la UNC, contratados como peritos oficiales, concluyeron que las explosiones fueron programadas y coordinadas por expertos en explosivos. De este modo, la teoría del accidente cayó y la investigación necesariamente toma otro cauce. Al mismo tiempo, por parte de la querella, el juez Martinez fue recusado y el fiscal Massuet quedó envuelto en una denuncia por vinculación con uno de los imputados. Ambos se alejaron de la causa, entró el juez Diego Estévez y se sumó el fiscal adjunto, Carlos Stornelli.
También en 2003 se determinó que las explosiones estaban relacionadas con la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. Durante el 2005, la vinculación de las explosiones con la venta ilegal de armas pasó a ser parte de la intimación, es decir que los sospechosos son imputados de haber participado o facilitado las explosiones para ocultar maniobras relacionadas con la venta ilegal de armas.
Se presumió que el móvil fue ocultar el faltante de material bélico de la Fábrica Militar de Río Tercero. La etapa indagatoria de la causa penal, cuya duración es de 12 años, prescribe en el 2007. Durante esta etapa, son llamados los imputados acusados como presuntos autores materiales o intelectuales del delito. Actualmente se encuentran imputados 6 militares de la Fábrica Militar. (Carlos Franke, ex director de Producción de Fabricaciones Militares; Jorge Cornejo Torino, ex titular de la Fábrica Militar Río Tercero; Oscar Quiroga, ex subdirector de la planta, y Marcelo Gatto, ex jefe del área Mecánica) Por ello, en este corto tiempo, la investigación debería avanzar sobre las responsabilidades de la DGFM, el Ejército y el Poder Ejecutivo Nacional.
Todo nombre que no haya sido incluido en la indagatoria hasta el 3 de noviembre de 2007 ya no podrá ser incluido, es decir que quedarán impunes quienes no sean imputados hasta esa fecha y sólo se juzgará a las personas que hayan sido imputadas con anterioridad. (Como el ex presidente Carlos Menem, el ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González, el de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella; y de Economía, Domingo Cavallo). Se cumplirán doce años desde las explosiones el 3 de noviembre de 2007 y los culpables aún no han sido determinados En agosto de 2008 el juez federal subrogante de Río Cuarto, Oscar Valentinuzzi, decidió procesar sin prisión preventiva al ex presidente Carlos Menem y a otros dos militares (Heriberto Baeza González, ex secretario de Planificación para la Defensa y el número dos de Fabricaciones Militares, Norberto Osvaldo Emanuel) por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero. Los tres fueron embargados además en 200 mil pesos.



Que el olvido no nos gane.
A continuación, la carta de una sobreviviente:

MIENTRAS NO HAYA CULPABLES, LAS INDEMNIZACIONES SÓLO SERAN UNA ILUSIÓN DE JUSTICIA..

A partir de un comentario en los medios de comunicacion es que estoy escribiendo esto. Se dijo de “toda la ciudad apoya el pedido de indemnizaciones al gobierno.” Esas palabras me dolieron y hoy escribo en nombre de todos los que todavia creemos en la búsqueda de la justicia y la dignidad…
Considero que mientras no haya juicio y castigo a los culpables y no se reconozca lo ocurrido en noviembre de 1995 como un ATENTADO, no tiene sentido que nos indemnicen…
…que nos indemnicen.. ¿Quienes? ¿Menem y los responsables a nivel local van a sacar plata de su bolsillo para indemnizarnos? ¿O va a ser la billetera del presidente de turno?
-No, gente.
El dinero de las indemnizaciones va a provenir del TRABAJO DEL PUEBLO ARGENTINO… como siempre. Se recortarán los fondos de algún área de educación o salud pública y se destinará a nuestro silencio. En tanto, los responsables siguen libres como si no hubiera pasado nada y se ocultan las verdaderas causas del siniestro.
Mientras no haya culpables, no habrá justicia. Mientras no haya justicia no habrá dignidad para mi ciudad y mi gente. ¿Qué sigue después recibir el dinero? ¿El silencio? ¿El perdón? ¿Es este el precio de nuestra memoria?
Disculpen, pero no es eso lo que me enseñaron.
Me enseñaron que uno tiene que hacerse responsable de sus actos, que debe que “dar la cara” por lo que hace… Que la dignidad no se compra ni se vende.. Noviembre del 95 significó la perdida de vidas de nuestra gente y la amenaza de las vidas de quienes quedamos… creo que hay heridas que SÓLO LA JUSTICIA puede cerrar..
Leticia Carmignani
Río Tercero, noviembre 2009