Alud en Tartagal, historia de promesas incumplidas...


Tartagal es una ciudad salteña que bien podría ser presentaba como una metáfora de los vaivenes y decisiones de nuestros gobernantes.


Actualmente, tiene una población de 56 mil habitantes que vive sobresaltada desde su fundación en 1924: fue entonces cuando se descubrió petróleo, el 25% del total de la cuenca del país y alrededor del 16% de la producción de gas.


Tartagal vivió entonces la quimera del oro hasta 1992, cuando Menem privatizó YPF y el 90% de la población de la ciudad quedó desocupada.

En 1999, y en 2002, y en 2003, la rabia llegó a la calle y la ciudad se convirtió en un polvorín, con gran repercusión a nivel nacional. Pero allí no se terminaría de escribir su historia.
En 2006 el agua llegó a apagar el fuego, y Tartagal se hundió en el barro.

Ya habían sido taladas 609.323 hectáreas, y todos se golpearon el pecho y dijeron que había que parar.
Pero el entonces gobernador Juan Carlos Romero, en su último año de gestión y mientras la Ley de Bosques se discutía en el Congreso, autorizó el desmonte de 478.204 hectáreas: una extensión similar a la de 23 (sí, veintitrés) veces la Capital Federal en un solo año.

Entre 2004 y 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a 211 audiencias públicas, de las cuales 195 correspondieron a proyectos de desmonte.

Pero veamos como fue la cronología de los hechos:

12-2005

Antes del fin de año, una simple "tormenta de verano", de las que caen en esa época desde hace décadas en el noroeste argentino, puso en evidencia el brutal e indiscriminado desmonte de la selva de Yungas, habilitado por los gobernadores y los dirigentes de turno, generó una de las catástrofes hídricas más importantes de los últimos años en la Argentina.

Las lluvias se extendieron de leves a moderadas por una semana pero los desprendimientos de tierras fueron imprevisibles e innumerables.

Una cifra nunca aclarada de muertos, desaparecidos, heridos, pérdidas millonarias en infraestructura y 11 mil evacuados daban nota de la magnitud del hecho. La inundación y el alud cubrió con mas de 1 m de barro la ciudad y aisló a la población por 7 días, sin agua, luz, ni gas, hasta que Gendarmería improvisó un puente de campaña.


"Cuando llueve, el terreno no tiene absorción porque faltan las raíces de los árboles extraídos, entonces el agua drena y recorre libremente. O sea, si el agua no es consumida por la vegetación, se inunda" graficaba Eduardo Piacentini, del Departamento Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional.


7-4-2006

El por entonces Presidente Néstor Kirchner, el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el vicegobernador salteño, Walter Wayar; el titular del Foro de Intendentes Justicialistas, Miguel Angel Alemún, y diputados y senadores nacionales por la provincia; firmaron en Casa de Gobierno, convenios por 40,7 millones de pesos para la realización de obras de emergencia en el norte de la provincia, castigado por las inundaciones.


Entre las obras estaban la construcción de defensas contra la erosión hídrica, la relocalización de viviendas, el encause a través de un canal seco del río Tartagal y la reconstrucción de puentes y caminos. Con esas obras, aseguraron en aquella época, se terminarían las inundaciones de ese tipo en la zona.
El plan de obras también prevé la realización de un estudio hídrico integral para la sistematización de escurrimientos superficiales y provisión de agua potable en la zona afectada por la crisis y la construcción de defensas contra la erosión hídrica en Villa Tranquila y Barrio San Cayetano.



23-08-2006

La Comisión Regional del Río Bermejo, que depende del Ministerio del Interior, elevó un informe a la Defensoría del Pueblo donde concluye que “es urgente dotar de la protección adecuada para el cruce provisorio de la Ruta 34, sobre el río Seco, y reacondicionar el canal del río Tartagal”. La nota añade que “sería conveniente evaluar la posibilidad de erradicación de la población en los lugares de mayor riesgo de deslizamientos de suelos”.



30-10-2006
La subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación firmó convenios con el gobierno salteño para ampliar a localidades vecinas a Tartagal (Villa Tranquila y Barrio San Cayetano de General Mosconi y a Villa Güemes), los convenios ya firmados seis meses atrás.


10-12-2007
Asume como Gobernador de la provincia de Salta el kirchnerista Juan Manuel Urtubey. Y el, ahora, ex gobernador Juan Carlos Romero, asume una banca en el senado de la nación.



28-11-2007

Se sanciona en el Congreso Nacional la llamada Ley de bosques nativos, que tiene por objeto reglamentar los presupuestos para la preservación y manejo de los bosques nativos y que en su artículo 42, le otorga al Poder Ejecutivo, noventa días para reglamentar la norma.
Pero mientras tanto en Salta muchos políticos juegan en el bosque.


En la diagonal de la escena, los hermanos del gobernador kirchnerista Urtubey crearon una empresa dedicada al desmonte.
Facundo Norberto (46 años, director de la Agencia de Promoción de Salta) y José Antonio Urtubey (34 años) crearon la firma JOFA, que tiene entre sus objetos sociales el de “explotar o administrar bosques, forestación y reforestación de tierras”.


Facundo ya tenía cierta experiencia en el área: a poco de asumir su hermano gobernador formó con otros socios la empresa agropecuaria Unapala SRL.
El senador justicialista Alfredo Olmedo llevó sus intereses al recinto: el bautizado Rey de la Soja presentó un proyecto de “ley de ordenamiento territorial” que contemplaba seguir desmontando en la provincia cerca de cinco millones de hectáreas.



Olmedo tiene varias denuncias por desmonte irracional y fue favorecido por Romero con la entrega de 320 mil hectáreas de tierras fiscales. Para no ser menos, el intendente de Tartagal, Sergio Napoleón Leavy, es, según confirmó al diario Crítica de la Argentina el secretario general de la CTA Tartagal, Diego Alcoba, “propietario de uno de los aserraderos más importantes de la región, y beneficiario directo de los desmontes masivos”.
Leavy aparece desde 2001 ante la AFIP declarando que su actividad principal es la de “extracción de productos forestales de bosques cultivados”.


9-2-2009
En pleno pico del brote de Dengue, y en tan solo 3 horas de copiosa lluvia, la tragedia más anunciada de la historia, podríamos decir, ocurrió nuevamente.

Un alud arrasó la localidad de Tartagal destruyendo casas, autos, caminos, árboles y un puente ferroviario de hierro.
Esta vez la fuerza del agua fué más allá de todas previsiones y llegó a los 1,60 m de altura, tapándolo todo.


Las imágenes parecían repetirse a las de finales del 2005.



11-2-2009
Apenas dos días de pasada la tragedia y todavía con las acciones de búsqueda de desaparecidos y evacuados y reconstrucción paralizadas por la constantes lluvias, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner,
en un año electoral, no dudó en viajar para embarrarse los zapatos y recorrió la zona en helicóptero y luego se mezcló con los vecinos para escuchar sus reclamos y mostrarse al mando de la reconstrucción de la ciudad.

Entre las palabras a la prensa, en el lugar, y conmovida por la gravedad de los hechos, dijo:
"Esta no es la verdadera catástrofe, la catástrofe es la pobreza estructural de ésta gente" y "A éste lugar no podemos reconstruirlo, hay que hacerlo de nuevo".


Más tarde, ya en Casa de Gobierno y junto con el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunciaron un plan de obras por 159 millones de pesos y prometieron la construcción de 627 nuevas viviendas y el mejoramiento de 800 casas con daños parciales. Además, se comprometieron a entregar otras 495 viviendas a comunidades aborígenes y rurales.




22-2-2009

Muerte, grietas y barro después, la Presidenta Cristina Kirchner reglamentó, por fin y luego de repetidas marchas y pedidos, muchas veces organizadas por Greenpeace, la Ley 26.331, sancionada el 28 de noviembre de 2007.
Pasaron catorce meses hasta que Cristina se decidió a hacerlo. Ya era, claro, tarde.



8-9-2009
Hoy siete meses después, se construyeron sólo 10 casas y se refaccionaron 300.
Según la coordinadora ejecutiva del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Graciela Pinal, las 10 unidades nuevas "se pudieron construir porque no tenían problemas en la localización, así que se hicieron en terrenos propios".
Ante la consulta de como se ayudará a los vecinos costeños, que fueron los más afectados, las respuestas que se escucharon fueron que "los fondos estan asignados, lo que pasa que los vecinos carecen de los terrenos"... claro, si los terrenos se los llevó el río!!!
A los aborigenes, solo se los intentó reubicar, pero estos no aceptaron los nuevos terrenos, ya que eran tierras no aptas para su trabajo y agricultura, base de su supervivencia, claro...

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